La causa conocida como “caso Sputnik”, vinculada a la aplicación de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia en Esquel, dio un giro judicial clave: quedó sin efecto la posibilidad de evitar el juicio mediante una reparación económica y el expediente avanzará hacia el debate oral en la Justicia Federal.
El proceso investiga el presunto delito de aceptación de dádiva y tiene como imputados al exdiputado nacional Santiago Nicolás Igon, quien ejerció funciones entre 2015 y 2023, y al médico Emiliano Biondo, exjefe del Programa Sanitario del Área Programática Esquel.
El origen del caso
Los hechos se remontan a 2021, cuando Igon recibió dos dosis de la vacuna Sputnik V en el Hospital Zonal de Esquel, en una etapa en la que la campaña de inmunización estaba destinada principalmente al personal de salud.
Según la investigación preliminar, las vacunas habrían constituido un beneficio indebido vinculado al cargo político del entonces legislador. El eje del expediente no se centró en condiciones médicas personales, sino en la prioridad del acceso a las dosis en ese momento de la pandemia.
El acuerdo económico que quedó sin efecto
En septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia había aceptado una propuesta para evitar el juicio mediante una reparación económica:
- $3.000.000 aportados por Igon al Hospital Zonal
- $1.000.000 por parte de Biondo
El pago permitiría cerrar el proceso con el sobreseimiento y la extinción de la acción penal.
Sin embargo, el fiscal federal Teodoro Nürnberg se opuso a esa salida al considerar que el caso presentaba “gravedad institucional”, especialmente por tratarse de funcionarios públicos y por el contexto social de la pandemia.
“El contexto histórico demanda una respuesta judicial pública y transparente a través del juicio oral”, sostuvo el fiscal.
La decisión de Casación
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña, anuló la resolución del tribunal oral y ordenó continuar el proceso judicial.
Los camaristas remarcaron que la situación posee relevancia institucional debido a que ambos imputados ocupaban cargos públicos al momento de los hechos, lo que impide aplicar una solución alternativa basada únicamente en un resarcimiento económico.
Camino al juicio oral
Con esta decisión, el expediente vuelve al carril del juicio oral y público, instancia en la que se debatirán pruebas y responsabilidades bajo control judicial y exposición pública.
El eje del proceso pasará ahora a determinar qué pudo acreditarse respecto del acceso a las vacunas durante uno de los momentos más sensibles de la pandemia y cuál fue el alcance institucional de las decisiones tomadas en 2021.
Fuente: LU17
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