Cáritas de la Prelatura Esquel volvió a poner sobre la mesa una preocupación que, según Sonia Correa, lleva más de un año sin obtener una respuesta concreta del Concejo Deliberante.
La organización presentó ante el cuerpo legislativo municipal una propuesta para crear un programa específico destinado a acompañar a los barrios populares de la ciudad, donde viven familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y que, en muchos casos, llevan más de una década instaladas en esos sectores.
Correa explicó que la iniciativa busca generar herramientas que permitan avanzar en soluciones de fondo y no solamente en respuestas puntuales frente a las emergencias.
Tierra, agua y luz: los ejes del planteo
Uno de los principales objetivos del proyecto es acompañar a las familias para que puedan regularizar y acceder a la tierra que ocupan y, a partir de allí, avanzar en la llegada de los servicios esenciales.
La referente de Cáritas remarcó que existen vecinos que no cuentan con agua ni electricidad y que en algunos sectores incluso deben trasladar agua en bidones desde una toma.
También mencionó dificultades relacionadas con los caminos de acceso y la infraestructura básica, una situación que se vuelve especialmente compleja durante los meses de invierno y que genera preocupación de cara al verano: “Lo básico: la luz y el agua”, sintetizó Correa al explicar cuáles son algunas de las necesidades más urgentes.
Una ley nacional que reconoce a los barrios populares
Correa recordó que en 2016 se sancionó la Ley 27.453, que creó el Registro Nacional de Barrios Populares y permitió identificar estos sectores en distintos puntos del país.
Según explicó, en Esquel existen cuatro barrios populares incluidos en ese registro nacional.
La normativa contempla herramientas como el Certificado de Vivienda Familiar, que permite a quienes viven en esos barrios acreditar su residencia y realizar gestiones vinculadas con los servicios.
Desde Cáritas consideran que, además del registro nacional, sería importante contar con un registro municipal actualizado que permita ordenar la información y diseñar políticas específicas para los sectores reconocidos como barrios populares.
El reclamo por una mesa de trabajo
Uno de los puntos que más preocupa a Cáritas es la falta de respuesta concreta al proyecto presentado ante el Concejo Deliberante.
Correa afirmó que la organización mantuvo reuniones y envió distintas comunicaciones durante más de un año, pero sostuvo que hasta el momento existe un “silencio institucional absoluto”.
Sin embargo, aclaró que la intención no es que el proyecto sea aprobado necesariamente en los términos originales, sino que se genere una mesa de diálogo y trabajo conjunto con concejales, funcionarios, técnicos y otras instituciones.
“Nadie puede solo”, sostuvo la referente, al remarcar que Cáritas puede acompañar y asistir a las familias, pero no puede resolver por sí sola cuestiones estructurales como el acceso a los servicios o el ordenamiento territorial.
Una inversión que debería discutirse
La propuesta contempla que dentro del presupuesto municipal se destine un porcentaje para avanzar con mejoras en estos sectores, aunque Correa consideró que ese aspecto debe ser parte de una discusión más amplia entre las instituciones.
Desde Cáritas señalaron que mantienen un buen diálogo con el Ejecutivo municipal, pero consideran que el Concejo Deliberante tiene un papel central en la discusión porque, según expresó Correa, es “el oído del pueblo”.
La organización insiste en que el objetivo es sentarse a trabajar y encontrar alternativas que permitan transformar las condiciones de vida de las familias que actualmente viven en situación de mayor vulnerabilidad.
Una mirada que busca ir más allá de la asistencia
Cáritas dejó en claro que no avala la toma de tierras, pero tampoco busca juzgar a las familias que llegaron a esa situación. Correa explicó que detrás de cada caso existen historias particulares vinculadas con el costo de los alquileres, la falta de alternativas habitacionales y diferentes situaciones familiares.
El planteo apunta a que, una vez que esas familias ya están instaladas y forman parte de la comunidad, se pueda avanzar en soluciones que garanticen condiciones dignas de vivienda y acceso a servicios básicos: “Nosotros podemos hacer la asistencia, el acompañamiento, la escucha, crear espacios de contención, pero necesitamos una solución de fondo”, remarcó Correa.
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