La jueza de garantías Eve Ponce dispuso la apertura de una investigación preparatoria contra diez personas por la presunta explotación ilegal de juegos de azar mediante plataformas virtuales y redes sociales.
Las audiencias se realizaron este viernes en la Oficina Judicial de Rawson y los imputados participaron mediante Zoom. De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal, cinco son oriundos de Esquel y cinco de Comodoro Rivadavia.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECYED) y se originó a partir de una denuncia realizada por el Instituto de Asistencia Social.
El rol que investiga la Fiscalía
Según la hipótesis fiscal, las diez personas habrían participado de una estructura destinada a operar apuestas ilegales mediante redes sociales y plataformas virtuales, sin contar con la autorización correspondiente.
La acusación sostiene que cumplían funciones como cajeras y cajeros, recibiendo y distribuyendo el dinero correspondiente a las apuestas.
Para esas operaciones se habrían utilizado billeteras virtuales y cuentas electrónicas, mediante las cuales se realizaban los movimientos de ingreso y egreso del dinero.
La investigación deberá determinar la responsabilidad individual de cada una de las personas imputadas.
Qué establece el Código Penal
La imputación se encuadra en el artículo 301 bis del Código Penal, referido a la explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin autorización de la autoridad competente.
En este caso, la Fiscalía sostiene que las plataformas investigadas funcionaban sin la habilitación del Instituto de Asistencia Social.
El Estado provincial fue señalado como víctima y se encuentra representado en el proceso por el Instituto de Asistencia Social y la Fiscalía de Estado.
Cuatro audiencias y diez imputados
Los cargos fueron comunicados durante cuatro audiencias desarrolladas en la mañana de este viernes.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Eugenia Domínguez, a cargo de las investigaciones, junto con la funcionaria de Fiscalía Ruth Saigg.
Parte de los imputados contó con asistencia de defensores particulares, mientras que los restantes fueron representados por los defensores oficiales Pablo Sánchez, Miguel Lugo y Damián Dantonio.
Sseis meses para investigar
La jueza Eve Ponce habilitó formalmente la investigación y estableció un plazo de seis meses para avanzar con la producción y análisis de las pruebas.
Durante ese período se buscará determinar el funcionamiento de las plataformas investigadas y el eventual grado de participación de cada imputado en la presunta red de apuestas clandestinas.
Fuente: Ministerio Público Fiscal (Foto: ilustrativa)
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