La Cámara Penal confirmó por unanimidad la condena de siete años y seis meses de prisión contra Joaquín Cañumir, quien había sido declarado culpable de abuso sexual en un juicio por jurados. El tribunal rechazó el recurso presentado por su defensa, que pretendía anular el proceso por una supuesta situación de indefensión técnica.
La resolución respaldó la postura de la Fiscalía, representada por Rafaella Riccono, quien solicitó que se mantuviera la sentencia y defendió la legalidad de las pruebas incorporadas durante el juicio.
El planteo de la defensa y la respuesta de Fiscalía
El nuevo abogado defensor de Cañumir cuestionó el desempeño del profesional que lo había representado anteriormente. Argumentó que no se había advertido oportunamente la prescripción de un delito menor de lesiones leves, lo que habría permitido incorporar pruebas que, según su interpretación, influyeron en la decisión del jurado popular.
Sin embargo, la fiscal Rafaella Riccono sostuvo que los elementos cuestionados eran necesarios para comprender el contexto de violencia en el que ocurrieron los hechos, especialmente para acreditar la ausencia de consentimiento y la relación de asimetría entre el acusado y la víctima.
Los hechos que dieron origen a la condena
Durante el juicio, la Fiscalía acreditó que Cañumir ejercía violencia psicológica, amenazas y conductas coercitivas contra la víctima, aprovechando situaciones de vulnerabilidad para imponer situaciones de sometimiento sexual.
El hecho central ocurrió el 27 de noviembre de 2022, cuando, según la acusación fiscal, el condenado ingresó al domicilio en estado de ebriedad y obligó violentamente a la mujer a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.
La investigación también permitió establecer que la víctima intentó proteger a sus dos hijas, que entonces tenían 12 y 2 años, para evitar que presenciaran las agresiones.
La Cámara Penal respaldó la decisión del jurado
Al analizar el recurso, los magistrados concluyeron que no se había demostrado una situación real de indefensión, sino una disconformidad con la estrategia desarrollada por el abogado que intervino originalmente.
También consideraron que el jurado popular evaluó correctamente las pruebas y que su incorporación respetó los criterios legales aplicables a investigaciones por violencia de género.
De esta manera, la Cámara Penal ratificó íntegramente la condena de siete años y seis meses de prisión.
La resolución también confirmó las medidas accesorias, entre ellas la remisión del perfil genético del condenado al Registro Provincial de Identificación de Genética de Abusadores Sexuales (RePriGAS), una vez que la sentencia quede firme.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
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