Una demanda impulsada por el Colegio de Abogados de Villa María, provincia de Córdoba, reunió la adhesión de alrededor de 30 colegios públicos de abogados de distintos puntos del país. La presentación ingresó al fuero Contencioso Administrativo Federal y solicita una medida cautelar autónoma para suspender los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificada en febrero de este año por iniciativa del gobierno nacional.
Los colegios firmantes consideran que esos artículos violan los artículos 14 bis, 17, 18 y 75 de la Constitución Nacional, al afectar el derecho de propiedad, el debido proceso y la defensa en juicio.
Esquel se suma a través de la FACA
El presidente del Colegio Público de Abogados de Esquel, Dr. Juan Esteban Rimoldi, explicó en declaraciones al programa Otra vuelta de tuerca, que conduce Dante Lobos, que la institución local participa de esta acción colectiva a través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), organismo que nuclea a 90 colegios públicos de todo el país.
«La FACA tiene previsto iniciar también una acción colectiva pidiendo la inconstitucionalidad de dos artículos», señaló Rimoldi, y aclaró que la federación planificaba presentar la acción en los días siguientes a esa declaración.
La Regional Patagonia de la FACA ya informó al colegio local su disposición a avanzar en ese sentido, por lo que Esquel se encuadra dentro de ese frente nacional.
Qué cuestionan los abogados
El eje central de la demanda apunta a dos aspectos de la reforma laboral:
El primero es el pago en cuotas de los honorarios profesionales. Los abogados sostienen que esos honorarios «constituyen crédito de naturaleza alimentaria» y que someterlos a un régimen de cobro fraccionado afecta directamente el derecho de propiedad de los profesionales.
El segundo es la regulación de costas -el pago de los gastos del juicio- que la nueva ley otorga a los tribunales de manera que, para los letrados, invade facultades que le corresponden a cada provincia según la Constitución. Además, alertan que ese mecanismo genera un «efecto disuasivo» sobre el ejercicio de la defensa, porque el abogado quedaría expuesto a sanciones patrimoniales por presentar argumentos en nombre de su cliente.
Una ley que, según los abogados, no resuelve el conflicto laboral
Rimoldi también advirtió sobre el impacto más amplio de la reforma. «Esta ley, lejos de solucionar el tema del conflicto laboral, lo va a multiplicar, va a generar más inseguridad jurídica y esto no le sirve a nadie, ni a empleadores ni a trabajadores», sostuvo el presidente del colegio local.
El letrado también aclaró que la nueva normativa debería aplicarse únicamente a los contratos de trabajo iniciados después de su sanción, y no a las relaciones laborales anteriores que se extingan a partir de ahora. «Hay constitucionalistas como el doctor Gil Domínguez que están diciendo que no se descarta la posibilidad de que algún trabajador viejo sea afectado», señaló.
Asimismo, subrayó que el impacto de la reforma no se limita a los trabajadores registrados: «Si la línea del trabajo formal baja, el del precarizado ilegal va a bajar aún más. Entonces, esto perjudica a todos los estratos de trabajadores».
Contexto provincial
Entre los colegios firmantes de la demanda se encuentran el Colegio de Abogados San Carlos de Bariloche, el Colegio Público de Abogados de Ushuaia y el Colegio de Abogados de Trelew, lo que demuestra la representación patagónica en la acción.
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