El fiscal Lucas Papini dijo que está en juego el “correcto funcionamiento de la administración pública, la transparencia y el principio de igualdad”, más allá de la existencia de un perjuicio patrimonial del erario público, el cual también existió.
Este martes se realizó la audiencia preliminar en la que la Fiscalía expuso la descripción del hecho, sus fundamentos, la calificación jurídica y la prueba con la que buscará probar en juicio que los acusados incumplieron con los deberes de su cargo. La defensa se opuso a la acusación, pidió el sobreseimiento y, en caso que el juez rechace su pedido y abra la etapa de juicio, presentó nueva prueba. La Fiscalía se opuso al sobreseimiento y también a los testigos propuestos por la defensa por considerarlos impertinentes en relación a los hechos investigados e imputados.
El juez resolverá el planteo de sobreseimiento el jueves. En caso de rechazarlo, otorgaría un plazo de diez días a la Fiscalía para que analice la nueva prueba aportada por la defensa.
Por qué la Unidad Especializada quiere llevar el caso a juicio
- Pruebas documentales y testimoniales: memorándums, notas internas, declaraciones de empleados de Vialidad Provincial y testimonios de beneficiarios del material extraído que evidencian que los imputados autorizaron la extracción de áridos sin cumplir los procedimientos administrativos establecidos.
- Violación de procedimientos: omitieron obtener la autorización del Presidente de Vialidad Provincial, única autoridad competente para aprobar la entrega de materiales de las canteras públicas.
- Desviación de poder: se permitió que la empresa privada Transportes Muñoz extrajera y utilizara materiales de la cantera Arroyo Fontana, beneficiando a particulares sin respaldo legal ni convenios formales.
- Impacto económico y administrativo: el valor del material extraído se estimó en $4.320.000, representando un perjuicio patrimonial para el erario público, además de comprometer la transparencia y legalidad de la administración pública.
- Conocimiento y jerarquía: ambos ocupaban cargos de alta jerarquía y tenían experiencia suficiente para conocer los procedimientos, lo que refuerza la intencionalidad de su conducta.
El hecho
Entre el 15/01/2024 y el 09/02/2024, Fabián Pérez, como Ingeniero Jefe de Vialidad Provincial, y Juan Carlos Vinay, como Jefe de la Sección Zona Noroeste, permitieron de forma irregular el retiro de aproximadamente 3.600 m³ de material árido (piedra y arena) de la Cantera Arroyo Fontana (Ruta Provincial N.º 71), sin autorización del presidente de Vialidad de ese momento, Hernán Tórtola, y sin cumplir el trámite administrativo ordinario.
Autorizaron que la empresa privada Transportes Muñoz, de Sergio Roberto Muñoz y José Muñoz, retirara el material para destinarlo al relleno de un callejón en Trevelin, beneficiando a tres propietarios particulares: Ángel Gabriel Antonelli, Oscar Méndez y Carlos Paggi.
Para concretar la maniobra, dieron órdenes a empleados de Vialidad para no controlar la cantidad ni el destino del material, no identificar a los trabajadores de la empresa, permitir el ingreso de vehículos particulares y guardar maquinaria ajena a Vialidad sin control ni trámite alguno, durante aproximadamente 25 días.
Incluso, Pérez intentó apartarlo de su puesto al empleado Rodrigo Modesto Sánchez, cargadorista y cuidador de la cantera, para evitar los controles pertinentes.
Aunque el material era considerado de “descarte”, tenía un valor de mercado que, al momento de los hechos, ascendía a $4.320.000, según las pericias incorporadas en la causa.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
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