La medida fue sancionada únicamente con los votos de Unión por la Patria, sin el acompañamiento del bloque de Juntos por el Cambio.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y espera tratamiento en el Senado, busca garantizar la continuidad de servicios y prestaciones fundamentales para las personas con discapacidad en todo el país, frente al desfinanciamiento y las demoras registradas en los últimos meses.
El proyecto aprobado en Trevelin destaca que, por orden del presidente Javier Milei, el Gobierno Nacional derogó la Resolución N° 187/2025, la cual regulaba y auditaba más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Además, desde diciembre de 2024 no se actualiza el nomenclador nacional, afectando directamente a prestadores, transportistas y centros de atención, muchos de los cuales están cerrando sus puertas.
También se denunció que la gestión libertaria no ejecuta el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), un instrumento económico previsto en la Ley 23.661, destinado a garantizar el acceso equitativo a las prestaciones de salud. El incumplimiento de esta obligación, según advirtieron desde el Concejo, pone en serio riesgo a las personas con discapacidad y sus familias, vulnerando convenios internacionales en materia de derechos humanos.
La presidenta del Concejo, Claudia Garitano, fue categórica al criticar al Gobierno Nacional: “No se puede hablar de estabilidad económica si es a costa de este sector o de otros ciudadanos. En el pasado tuvimos gobiernos con estabilidad y con la gente adentro”, afirmó.
En tanto, el concejal Facundo Pais cuestionó con dureza la actitud de Juntos por el Cambio: “Mientras algunos queremos ayudar a quienes están en situación de vulnerabilidad, otros piden exenciones impositivas para grandes empresas. Encuentro similitudes entre La Libertad Avanza y este bloque opositor”, señaló.
Por su parte, Diana Sbil Maripan apuntó que el rechazo del bloque opositor deja en evidencia la falta de compromiso con una situación crítica que afecta a miles de familias argentinas. En la misma línea, David Arakawa expresó que la discapacidad “es un tema que no puede seguir postergándose”, y denunció el desmantelamiento de políticas públicas fundamentales.
La concejal Emilia Méndez también fue contundente: “Plata para reprimir hay, pero para las personas con discapacidad no. La discapacidad debe ser una prioridad en este contexto de crisis”.
Finalmente, el edil Livio Espinoza criticó la administración de Milei por quitar fondos a sectores trascendentales mientras prioriza otras áreas cuestionables, y llamó a que el Estado “garantice ayuda a quienes más la necesitan”.
El documento aprobado subraya que en Trevelin y sus parajes, así como en toda la región cordillerana, el abandono en materia de discapacidad afecta a cientos de personas y sus familias, quienes se ven desprovistas del acompañamiento estatal garantizado por ley.
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