“La situación es agobiante. Cada trabajador tiene que pagar luz, gas, alquiler y ya no se puede sostener más”, expresó Ríos tras la presentación formal realizada este martes en la Secretaría de Trabajo.
El frigorífico permanece parado desde el último allanamiento judicial, donde se incautaron computadoras, y a ello se suman la falta de gas tras un incendio y dificultades económicas de la firma. Según explicó el delegado, el propietario Rafael Nataine había pedido a los empleados esperar la llegada de un posible socio inversor, promesa que no se cumplió.
Actualmente, 60 familias dependen de la continuidad de la empresa. “Queremos que el gobernador vea esta situación. No se trata solo de los trabajadores, sino de toda la cadena productiva que genera empleo en la región”, remarcó Ríos.
El representante sindical advirtió que, de perderse la planta, se repetiría la situación ocurrida con el cierre del frigorífico Esquel, dejando a la región sin un espacio habilitado para la faena. Además, alertó sobre los riesgos sanitarios que implica la proliferación de carne faenada de manera informal.
La Secretaría de Trabajo convocará a nuevas reuniones con los empresarios para intentar destrabar la situación y garantizar los pagos adeudados. Mientras tanto, los trabajadores continúan asistiendo a la planta, a la espera de una solución.
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