La primera disposición será una prohibición formal de financiar el gasto primario del Estado con emisión monetaria. El lunes, Milei firmará una instrucción al Ministerio de Economía para impedir que el Tesoro nacional solicite fondos al Banco Central con el fin de cubrir déficits. Según el mandatario, esta práctica ya no se utilizaba desde el inicio de su gestión, pero ahora quedará plasmada en una resolución administrativa.

“El Tesoro nacional no podrá pedir dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. La emisión destruye el valor del dinero que está en el bolsillo de cada argentino”, sostuvo el jefe de Estado, insistiendo en que la inflación es consecuencia directa del exceso de pesos en circulación.

La segunda medida será el envío de un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal. La iniciativa establecerá una regla que obligue al sector público a mantener siempre equilibrio o superávit, con sanciones penales para legisladores y funcionarios que voten o aprueben partidas deficitarias sin respaldo.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Deben decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, advirtió Milei, remarcando que la historia reciente muestra que el gasto sin financiamiento genuino deriva en inflación, pobreza y crisis.

El anuncio llega en un contexto de fuerte tensión con el Congreso, que recientemente aprobó leyes con impacto presupuestario, como la moratoria previsional, aumentos a salarios docentes y mejoras en pensiones por discapacidad que, según el cálculo oficial, sumarían un gasto anual equivalente al 2,5% del PBI.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca blindar por vía administrativa y legal el equilibrio fiscal, restringiendo la capacidad del Poder Legislativo para impulsar gastos sin indicar su financiamiento, y ratificando su compromiso con el ajuste sin gradualismo.

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