El querellante manifestó que el fallo resultó sorpresivo para la familia y el equipo acusador: “Es doloroso ver que la familia se va sin nada en las manos. Han pasado cuatro años y medio de sufrimiento para llegar a esta instancia, y se van con tres no culpables. Nos sorprendió sobremanera”, expresó.
Ponce remarcó que, aunque el resultado fue duro, respeta las reglas del juicio por jurados, destacando que se trata de una decisión popular, republicana e inapelable.
“El juicio por jurados es la voluntad del pueblo, y debemos respetarla tal cual es. La ley no permite revisión salvo que existiera una nulidad procesal manifiesta, lo cual no ocurrió en este caso”, explicó.
Un fallo sin fundamentos
Consultado sobre los argumentos que podrían haber influido en el jurado, el abogado reconoció que no se conocerán los fundamentos del veredicto, dado que la ley no los exige.
“No puedo hacer ninguna lectura. El jurado no explica por qué razón llegó a esta decisión. Hubo cuestionamientos desde todos los lugares: las defensas acusaron a la familia, a la pareja, a los hijos, al Ministerio Público Fiscal… desconocemos qué criterio prevaleció”, señaló.
“El veredicto refleja a la sociedad que estamos transitando”
Ponce consideró que la resolución del jurado debe ser leída en clave social: “El principio republicano del juicio por jurados es la decisión soberana del pueblo. Este veredicto refleja la sociedad que hoy estamos transitando. Una sociedad que habla, que expresa, y que debemos escuchar”, dijo.
El abogado recordó que durante el juicio declararon figuras políticas y exfuncionarios, y que incluso el ministro de Seguridad de la provincia estuvo presente en la sala.
“Eso también dice algo sobre el contexto social y político en el que se dio este fallo”, afirmó.
“Chubut necesita discutir un nuevo protocolo para los grupos especiales”
Ponce señaló que, más allá del resultado judicial, el proceso deja una deuda institucional urgente: “La provincia de Chubut debe sentarse seriamente a discutir un nuevo protocolo de actuación para los grupos especiales. Hoy seguimos aplicando uno de 1993. Debemos actualizarlo e incorporar la perspectiva de salud mental.”
También remarcó la necesidad de fortalecer la Ley de Salud Mental, cuya aplicación considera “limitada por falta de recursos”: “Tenemos una adhesión formal a la ley, pero sin los recursos necesarios para cumplirla. Hay que discutirla de manera seria y con responsabilidad estatal.”
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