La solicitud, en este caso elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de la entidad que defiende al juez Claudio Petris, busca dejar sin efecto una medida que, tras su aprobación en la Legislatura y en la previa a ser sometida a votación popular, trazaría una línea horizontal entre funcionarios, diputados, gobernador, vicegobernador e incluso representantes gremiales, sin privilegios para ningún sector.
Aprobada por la Legislatura con acompañamiento mayoritario, la Ley Provincial V-201 prevé una modificación de dos artículos de la Constitución de Chubut, para lo cual resulta necesario que la sociedad ratifique la iniciativa a través de un referéndum que se votará en simultáneo a las elecciones de medio término, con el fin de sentar las bases de un esquema donde cada ciudadano pueda ejercer sus derechos “desde el llano”, sin ningún tipo de protección ante delitos civiles o penales.
Privilegios y la “Justicia VIP”
En este contexto, la Asociación de Magistrados, que en otras palabras es el “gremio” de los jueces, volvió a la carga con el pedido para la suspensión del plebiscito. La solicitud ya había sido impulsada por el juez Claudio Petris, acorralado por graves denuncias públicas por la comisión de presuntos delitos, lo cual, sumado al rechazo de la ciudadanía a su pedido, hizo que el magistrado presentara su renuncia a la presidencia de la institución en menos de 24 horas.
En su estrategia, la AMFJCh presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exigiendo que el máximo órgano judicial del país declare inválida la ley que elimina los fueros para “proteger la independencia judicial” y que ello “garantice un juicio imparcial y que se respete la autonomía de los jueces”.
“Son garantías constitucionales que protegen a los jueces frente a presiones políticas o procesos arbitrarios”, esgrimieron desde la entidad cuestionada, que se encuentra librando una batalla en soledad a través de un pedido que, hasta el momento, no ha tenido eco en los distintos sectores de la sociedad chubutense, a excepción del ex intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien defendió el accionar y la figura del juez Claudio Petris recientemente durante una reunión con militantes.
De esta manera, una vez más la “Justicia VIP” busca arrogarse la representación de la equidad y la imparcialidad en los procesos judiciales, bajo una premisa preocupante: para la Asociación de Magistrados, en caso de no conservar los fueros, los jueces no serán ecuánimes en su accionar.
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