La causa por la intoxicación masiva con monóxido de carbono registrada en junio de 2022 en la escuela 7719 de Buenos Aires Chico, en El Maitén, entró en la instancia de juicio oral y público. El episodio, que dejó un saldo de 73 estudiantes y 4 docentes afectados, sacudió a la comunidad educativa de la Comarca Andina y derivó en una investigación penal con dos imputados.
El juicio se está desarrollando en la sede judicial de El Hoyo, con participación de las fiscales Barrionuevo y Castro, y tiene como imputados al encargado de la obra de calefacción en el establecimiento y a su ayudante, ambos acusados por el delito de lesiones leves culposas.
Una obra mal ejecutada que puso en riesgo a más de 70 personas
El hecho ocurrió cuando una estufa instalada de manera defectuosa, sin respetar las normas técnicas de seguridad —en particular, sin una correcta salida de gases al exterior— provocó la acumulación de monóxido de carbono en el entretecho de la escuela, lo que derivó en la intoxicación de estudiantes y personal educativo.
“Fue una situación evitable y producto de un accionar negligente. La estufa no tenía habilitación ni intervención profesional autorizada”, explicó el fiscal en diálogo con Canal 4 Esquel.
A raíz del incidente, fue necesaria la intervención de varios hospitales de la región, que debieron disponer tubos de oxígeno y camas de observación. Por fortuna, ninguna de las víctimas requirió internación prolongada, aunque la situación generó un importante operativo de emergencia.
Avanza el juicio: alegatos y posible resolución en los próximos días
Este miércoles se desarrollarán los alegatos de cierre, tras los cuales el juez interviniente dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para dictar sentencia.
“La pena prevista por lesiones culposas es de hasta 3 años. Si bien no implica prisión efectiva, se evaluará la cantidad de víctimas y la responsabilidad de los imputados”, explicó Díaz Mayer.
Investigación administrativa por otra vía judicial
En paralelo, la causa fue desdoblada: mientras la fiscalía de Díaz Mayer investigó las lesiones provocadas por la instalación defectuosa, una segunda línea de investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, con sede en Rawson. Esta segunda vía apunta a determinar responsabilidades administrativas o contractuales por parte del Estado o empresas proveedoras de servicios.
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