Desde hace casi 70 años, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha sido un actor fundamental para el desarrollo rural y agroindustrial del país. Sus tareas combinan la investigación aplicada, la transferencia de tecnología y la extensión rural, una herramienta clave para llegar al territorio y acompañar a pequeños y medianos productores.

Pero desde la asunción del nuevo Gobierno en diciembre de 2023, el organismo se encuentra en una situación crítica. Las políticas impulsadas por la gestión de Javier Milei ponen en riesgo no sólo los puestos de trabajo, sino también la estructura misma de funcionamiento del INTA.

El corazón del conflicto: el modelo de cogobierno

En diálogo con el programa “Otra vuelta de tuerca”, que se emite por Canal 4 de Esquel, Lucas Gallo —secretario general de la Seccional Esquel de APINTA— explicó el punto más sensible del conflicto: la intención del Ejecutivo de modificar el sistema de gobierno colegiado que rige desde la creación del INTA.

“Hasta el 8 de julio está latente la situación de la presentación del decreto nacional. Es hasta ahí donde tiene plazo para establecer una gran modificación de la estructura”, advirtió Gallo en entrevista con Dante Lobos y Carola Austin.

Actualmente, el Consejo Directivo Nacional (CDN) está integrado por representantes del Gobierno, de las universidades y de las entidades de productores rurales. Ese equilibrio permite que las decisiones se tomen por consenso y no por imposición de una sola parte.

“Lo que están pretendiendo hacer es sacarle la autarquía al INTA. La autarquía existe desde hace 68 años y ha funcionado hasta acá”, señaló el dirigente gremial.

Mayoría automática y decisiones unilaterales

De concretarse el cambio propuesto, el Gobierno pasaría a tener mayoría automática en el CDN, al reducir el número de miembros totales y aumentar su propia representación. Gallo fue claro al respecto: “cualquier cambio que quiera hacer un gobierno tiene asegurada la mayoría para la votación, porque ante un empate, desempata el presidente del INTA, que también es del Gobierno.”

En ese marco, los representantes de las entidades rurales y del sector académico pasarían a tener voz, pero no voto. “Serían casi como marionetas de cartón pintado”, ironizó Gallo.

Recortes, despidos y cierre de agencias

Los trabajadores del INTA denuncian que, además de esta reforma estructural, se está aplicando un ajuste presupuestario brutal. Se redujeron partidas para el funcionamiento básico del organismo —desde servicios de limpieza hasta fondos para investigación— y se pretende despedir a 1.500 empleados, muchos de los cuales ingresaron por concurso en 2023.

El plan oficial incluye también el cierre de agencias de extensión rural e institutos de investigación, eliminando una de las funciones centrales del INTA: el trabajo directo con el territorio.

“Hay una lógica de motosierra que desconoce cómo funcionan las instituciones. Cuando uno no se interioriza, puede tomar decisiones aberrantes”, sostuvo Gallo en Canal 4.

El peligro de las decisiones sin conocimiento

El secretario de APINTA Esquel también cuestionó el discurso oficial que acusa al INTA de estar sobredimensionado: “pretenden estigmatizar por la cantidad de personal, pero la realidad es que no hay más gente que en los años 80. Se desconoce la temática, y eso puede llevar a destruir lo que venía funcionando bien y generando potencial para el país.”

Ante este panorama, los trabajadores se mantienen en estado de alerta y movilización. Reclaman ser escuchados antes de que se imponga un decreto que desarme una institución construida colectivamente y que ha dado frutos a lo largo de generaciones.

Apoyo institucional desde la Universidad: repudio académico a la reforma del INTA

En línea con las preocupaciones expresadas por los trabajadores del INTA, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, aprobó por unanimidad la Resolución Nº 239/2025, en la que expresó su repudio a la propuesta del Gobierno nacional de modificar la composición del Consejo Directivo Nacional del INTA.

En el texto, la Facultad manifiesta que tal modificación implicaría centralizar las decisiones técnicas y de gestión en el Poder Ejecutivo, excluyendo del debate al sector científico y productivo de las regiones.

Además, resolvieron elevar la declaración al Consejo Superior de la Universidad, ampliando la visibilidad institucional del reclamo. La resolución fue firmada por la decana Dra. Olga Herrera y la vicedecana Mg. Susana Perales.

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