Según la Fiscalía, el operativo se realizó sin la presencia del personal de salud mental, pese a que la orden judicial lo exigía. Robertson recordó que Tino (productor, chacarero y comerciante, muy querido en la comarca), padecía trastorno bipolar maníaco depresivo, enfermedad conocida por su entorno. “Su esposa gritaba mientras la mantenían precintada: tenían que cuidarlo, no matarlo”, remarcó el fiscal al describir el momento posterior al disparo.
El procedimiento se originó tras una denuncia de un vecino, a quien Tino había pedido que se retirara del lugar durante un episodio de crisis. Esa denuncia derivó en una orden para allanamiento e identificación de armas, que debía ejecutarse con personal especializado. Sin embargo, la irrupción del GEOP, bajo las órdenes del comisario Omar Martínez y del jefe Cristian Soto, se concretó sin esperar al equipo médico lo que, según la acusación, derivó en la muerte de Tino John, alcanzado por un disparo del sargento primero Luis Américo Moggiano.
La querella sostiene que Tino fue acorralado y asesinado en un contexto de brote psicótico, y que el operativo ignoró los protocolos de salud mental. Acusa a los jefes policiales de violación de los deberes de funcionario público y al sargento Moggiano de homicidio agravado por el uso de arma y su condición de policía.
Por su parte, las defensas presentaron otra versión: afirmaron que los efectivos cumplieron con su deber, actuando ante una situación de riesgo inminente para los vecinos y familiares, y que el operativo contaba con autorización judicial. Aseguraron que se trató de un desenlace no deseado durante una intervención compleja.
El juicio, que se desarrolla ante un jurado popular, demandará varias jornadas de debate con la declaración de numerosos testigos, antes de que se determine la responsabilidad penal de los tres funcionarios del GEOP.
Fuente: MInisterio Público Fiscal
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