Lo que comenzó como una denuncia por caza furtiva en la zona de Río Chico, terminó en una intervención policial que escaló a insultos, amenazas, forcejeos y un disparo disuasivo. El hecho ocurrió el pasado jueves 31 de julio, cerca de las 18:30, en el establecimiento rural conocido como “La Calera”, a pocos kilómetros del puente de Río Chico, en jurisdicción de Cushamen.

Un vecino alertó a la policía sobre un vehículo sospechoso, un Peugeot 206 azul/gris, en el que se desplazaban dos personas armadas, presuntamente involucradas en la caza de animales silvestres dentro de su propiedad. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron un guanaco faenado y procedieron a la identificación de los ocupantes del vehículo.

Negativa, agresión y armas en juego

Según el relato de las fiscales del caso, los sujetos se negaron a exhibir la documentación correspondiente para portar armas y cazar en el lugar. Luego comenzaron a proferir amenazas y a insultar a los efectivos. La situación se tornó crítica cuando los individuos alzaron sus armas para intimidar a los policías.

En el forcejeo que siguió, uno de los agresores intentó asfixiar al Sargento 1° y quitarle el arma reglamentaria, mientras su acompañante se unía al ataque. Un disparo al aire, realizado por una oficial, logró finalmente frenar el avance violento y permitió la reducción y detención de los implicados, uno de los cuales resultó herido por un disparo no letal.

La causa avanza en la Justicia

Durante la audiencia celebrada este martes en Lago Puelo, la Fiscal Débora Barrionuevo y la funcionaria Eugenia Castro, representando al Ministerio Público Fiscal, formularon cargos por atentado a la autoridad agravado, portación ilegal de arma de fuego, amenazas, y violación a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna. El fiscal Nicolás Vasialev quedó a cargo de la investigación, mientras que el fiscal jefe Carlos Díaz Mayer encabezó las diligencias de allanamiento.

El juez Martín O’Connor declaró legal la detención, dio por iniciada la investigación penal y ordenó una prohibición de acercamiento por 30 días entre los imputados y los policías afectados.

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