El presidente del Colegio, Eduardo Molina, explicó que el problema no es nuevo, pero se agravó en los últimos meses al punto de superar ampliamente los plazos previstos en el contrato vigente.

Según detalló, las farmacias financian la prestación cada vez que reciben una receta: compran medicamentos a droguerías y laboratorios, a los que deben pagar en un plazo de 15 a 21 días, mientras que el contrato con SEROS establece que la obra social debería cancelar lo adeudado un mes después de la entrega de la medicación y a 60 días del cobro, es decir, un promedio de 75 días.

Sin embargo, la realidad está muy por fuera de ese esquema: hoy, 1 de diciembre, las farmacias aún no terminaron de cobrar agosto.

Molina indicó que “ya llevamos unos 105 días de demora”, cuando a esta altura “deberíamos estar cobrando septiembre y todavía falta un 70% de agosto”.

Un sistema de salud financiado por las farmacias

El presidente del Colegio remarcó que las farmacias no son un comercio más: “Somos agentes de salud. Este no es un sistema comercial, es un sistema de salud”.

Recordó que el medicamento tiene precio único en todo el país: cuesta lo mismo en La Quiaca, Ushuaia, Buenos Aires o Chubut, y las farmacias no definen ni el valor del producto ni los porcentajes de cobertura, que vienen determinados por la seguridad social, obras sociales y prepagas.

En este contexto, el atraso en los pagos golpea a todo el espectro de farmacias:

• grandes cadenas,
• farmacias medianas,
• y pequeños comercios de barrio,

que deben seguir pagando proveedores, sueldos y ahora también aguinaldos, mientras esperan el cobro de las recetas ya dispensadas.

“Hay farmacias que empezaron a tener serios problemas financieros y los intermediarios ya están empezando a retacear la provisión de medicamentos”, advirtió Molina, señalando el riesgo de que esto impacte de lleno en el acceso de la población a los tratamientos.

Contrato obsoleto e incumplido

Molina definió como “obsoleto e insostenible financieramente” al contrato firmado con SEROS, pero fue más allá: marcó que ni siquiera se está cumpliendo ese acuerdo, y que el sector se siente discriminado al ser “los últimos prestadores en cobrar”, pese a que son quienes ponen el capital inicial para que los afiliados tengan su medicación.

El dirigente señaló que, si bien la deuda es reconocida por la obra social, no hay respuestas concretas ni un plan claro de regularización.

En la última comunicación, les dijeron que el pago se realizaría este lunes, pero los farmacéuticos esperan ver reflejado efectivamente ese compromiso.

Incertidumbre de cobro y reclamo de una reunión urgente

Otro de los puntos que remarcó Molina es la asimetría entre la seguridad que tienen las farmacias respecto a sus propias obligaciones -“sabemos cuándo tenemos que pagar a proveedores”- y la incertidumbre sobre cuándo van a cobrar las prestaciones a SEROS: “Hace años que nunca se cumple el contrato.
Los contratos están para ser cumplidos, no para ejecutarse según convenga”.

Frente a este escenario, el Colegio de Farmacéuticos de Chubut, la Asociación de Farmacias del Norte y la Cámara de Farmacias de Comodoro Rivadavia analizan los pasos a seguir.

Entre las alternativas se mencionó la posibilidad de restringir o cortar la prestación a SEROS si no se logra un acuerdo que devuelva previsibilidad al sector.

Molina insistió en la necesidad de una reunión urgente con las autoridades de la obra social, que debería concretarse esta misma semana, para definir:

• cómo se regularizarán los pagos atrasados,
• y qué garantías habrá para que el sistema no siga acumulando deuda.

PAMI, otro frente de preocupación

El titular del Colegio reconoció que también hay retrasos con PAMI, lo que aumenta la presión sobre las finanzas de las farmacias.

Sin embargo, destacó que en el caso del instituto nacional al menos hubo instancias de diálogo:
en el ámbito de la Confederación Farmacéutica, se informó que PAMI planea regularizar los pagos a partir de diciembre, y que los laboratorios adelantaron notas de crédito para ayudar a sostener el circuito de provisión.

Aun así, el mensaje de fondo es claro: si el sistema de pagos no se normaliza, la capacidad de las farmacias para sostener el servicio se pone en riesgo, y con ello se ve afectada la salud pública de toda la población que depende de estos establecimientos para acceder a sus medicamentos.

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