En sintonía con la jornada de lucha federal que movilizó a organizaciones, familiares y personas con discapacidad en todo el país, el Consejo Municipal de Discapacidad de Esquel difundió un comunicado en el que denuncia con fuerza el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“La discapacidad está en una situación crítica. Desde el Consejo Municipal de Discapacidad de Esquel nos unimos a la jornada de lucha nacional y expresamos nuestro total repudio al veto presidencial que dejó sin efecto la ley de emergencia en discapacidad. Sentimos un total abandono e indiferencia”.

¿Qué significa este veto?

El comunicado apunta directamente al gobierno nacional y lo acusa de actuar con indiferencia y falta de empatía: “significa la indiferencia de un gobierno que no quiere mirar las necesidades urgentes de la discapacidad. No busca una estabilidad económica sino una inestabilidad y desigualdad, poniendo en riesgo la vida de personas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad”.

También remarcan que el veto implica un grave retroceso en derechos: “pone en riesgo los derechos adquiridos y escritos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: a sus terapias, al transporte, a sus apoyos necesarios para una vida digna e inclusiva”.

«Una forma cruel de decirnos que no importamos»

En uno de los pasajes más contundentes del texto, el Consejo subraya: “el veto no solo niega derechos, sino que es una forma cruel de decirnos que no importamos para este gobierno”.

Y concluye con un mensaje de resistencia y dignidad: “seguimos desde este espacio colectivo levantando nuestra bandera de la dignidad, porque ¡nuestros derechos se defienden! ¡NO AL VETO, NI UN DERECHO MENOS!”

Contexto nacional: repudio federal y movilizaciones

El comunicado de Esquel se suma a la voz de organizaciones como el Foro Permanente Discapacidad, REDI, ATI y muchas otras que movilizaron esta semana en todo el país bajo el lema “Un veto total no es austeridad: es abandono y exclusión”.

En Buenos Aires, el Congreso fue el epicentro de la protesta, con marchas que fueron reprimidas por fuerzas de seguridad bajo las órdenes del Ministerio de Seguridad, que lidera Patricia Bullrich.

El veto presidencial anuló una ley que había sido aprobada por amplia mayoría y que buscaba mejorar el acceso a pensiones, garantizar apoyos básicos y actualizar los aranceles para prestadores, sin representar un gasto significativo para el Estado (solo 0,22% del PBI, según REDI).

Un llamado a los legisladores

Desde distintos sectores, incluida la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), exigen al Congreso de la Nación que anule el Decreto 534/25 con el que se vetó la Ley. Advierten que, si no se revierte esta medida, se profundizará la situación de abandono, precariedad e invisibilización de uno de los sectores más vulnerables del país.

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