“Estamos aquí para observar, registrar y evitar que hechos como este vuelvan a suceder. En esta zona ya hubo dos casos emblemáticos: Santiago Maldonado y ahora Tino John. Dos personas completamente distintas, pero con un desenlace similar: ambas ultimadas por el Estado”, señaló.

“El Estado debe ser sancionado cuando actúa arbitrariamente”

Wisky sostuvo que el caso expone un patrón preocupante de violencia institucional y desorganización estatal, que atraviesa todos los niveles de decisión: “Queremos que haya una sentencia que sancione este tipo de comportamientos del Estado, porque son arbitrarios y desorganizados. Falta capacitación, responsabilidad y respeto por la vida humana. Desde los jueces hasta los fiscales, todos deben involucrarse con mayor compromiso”, afirmó.

El abogado fue categórico al referirse al oficial Luis Moggiano, acusado de homicidio: “Independientemente de las excusas o atenuantes que se aleguen, lo cierto es que lo mató. Si no hay sanción, vivimos en una sociedad donde cualquiera puede matar amparado por una justificación. Eso no puede ser aceptado. La policía que queremos es una que no mate”.

Crítica al sistema judicial y a la falta de protocolos reales

El representante de la APDH cuestionó con dureza la actuación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, remarcando la falta de protocolos claros y capacitación en salud mental para intervenciones de riesgo.

“Si necesitamos un protocolo para que no maten a una persona, estamos en el horno. Las leyes ya son claras: hay que preservar la vida humana. Y si además se trata de alguien con una crisis o una discapacidad, hay que actuar con cautela. No hacía falta disparar, había otras maneras de contenerlo”, expresó.

Wisky también criticó el contexto del operativo policial en Las Golondrinas, durante la pandemia: “El juez y el fiscal actuaron a distancia, por teletrabajo. No hubo responsabilidad directa ni monitoreo de lo que estaba ocurriendo. Así se pierde la noción de humanidad”.

“Ya van dos muertes y nadie está exento”

El abogado trazó un paralelismo entre los casos Maldonado y John, advirtiendo sobre un patrón de violencia institucional que atraviesa ideologías y clases sociales: “Eran personas diferentes, de orígenes distintos, pero los dos murieron por acción del Estado. Eso demuestra que cualquiera de nosotros puede ser la próxima víctima si no se cambia la forma en que se usa la fuerza”, señaló.

“Vivimos en una comarca chica, no en una guerra. No se puede actuar al arrebato. Falta empatía, falta humanismo. La vida humana tiene que ser lo más importante”, agregó.

Cuestionamientos a la justicia y reclamo de justicia real

Wisky también se refirió al traslado del juicio fuera de la Comarca Andina, que consideró un desarraigo para la comunidad: “El juicio debería haberse hecho en la comarca, con jurados que conozcan el contexto, la gente, la idiosincrasia. Acá no lo saben. Se pierde el sentido de justicia local”, expresó.

Asimismo, apuntó contra la permeabilidad del Poder Judicial a la influencia política: “Hay una justicia comprometida con los gobiernos de turno. Eso genera desconfianza. Si no se aplican sanciones, seguiremos viviendo en un país sin seguridad jurídica”.

Finalmente, destacó el rol de Claudia Costabaso, pareja de Tino John, en la reapertura del expediente: “Fue ella quien sacó la causa del cajón, hizo un vía crucis durante cuatro años hasta llegar a este día. Sin su lucha, no estaríamos acá”.

Para Wisky, el juicio por la muerte de Tino John marca un punto de inflexión: “Tiene que haber un antes y un después. Si no se sanciona este hecho, el mensaje es que la vida vale poco. Y eso no lo podemos permitir como sociedad”.

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