La norma, ahora vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable por un año más), contempla la reformulación de pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y compensaciones económicas para personas con discapacidad.
La votación representó un duro revés para el Gobierno libertario, que enfrenta por primera vez en más de dos décadas el rechazo parlamentario a un veto presidencial.
Argumentos en el debate
- El pampeano Pablo Bensusán (PJ) criticó la decisión del Ejecutivo: “Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda acceder a terapias o quede condenada al olvido. No es un ahorro, es un abandono”.
- La cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO), si bien defendió que la ley “no era necesaria”, reclamó públicamente al ministro de Salud que actualice los aranceles.
- La larretista Guadalupe Tagliaferri (CABA) remarcó: “La libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad”.
- El santacruceño José María Carambia advirtió que si el Ejecutivo no aplica la norma, pedirá juicio político.
- El radical Eduardo Vischi (Corrientes) señaló que la situación “se agravó de forma sustancial” y que la emergencia es una herramienta de gestión necesaria.
Hubo cruces fuertes, como el de José Mayans (PJ-Formosa) contra el libertario Francisco Paoltroni, a quien calificó de “ignorante” e “hijo de Milei” en medio de un áspero intercambio.
La norma, vigente hasta diciembre de 2026 (prorrogable por un año), establece:
- Una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
- La actualización de aranceles de prestadores y compensaciones económicas.
- La regularización de deudas del sistema de salud con profesionales y entidades.
El impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso es de 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026, un gasto que senadores de distintos bloques defendieron como mínimo frente a la urgencia social.
La sesión estuvo atravesada por un clima de tensión política y acusaciones cruzadas, incluso en relación al escándalo por presuntas coimas en el área de Discapacidad. Sin embargo, el mensaje fue claro: el Poder Ejecutivo deberá aplicar la ley, pese a su intento de veto.
Fuentes: Infobae y La Nación
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