Un hombre fue condenado por agredir físicamente a su hija de 6 años, en un caso que la Justicia encuadró como un claro ejemplo de violencia contra las infancias. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, impulsado por el Equipo de Género de la Fiscalía, que actuó con rapidez para proteger a la niña y sancionar la conducta del agresor.

Según se acreditó en la causa, el imputado utilizó violencia física como método de castigo, golpeando a la niña con una varilla y aplicándole patadas en el cuerpo, hechos que fueron considerados de lesiones leves agravadas por el vínculo.

Los hechos

El episodio ocurrió entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2024, en el domicilio familiar, mientras el hombre se encontraba a cargo del cuidado de la niña.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, la agresión se desencadenó cuando el imputado se enojó con su hija. En lugar de recurrir al diálogo, la contención o una respuesta educativa no violenta, el adulto eligió responder con golpes, profundizando la situación de vulnerabilidad de la niña.

Una respuesta judicial rápida

El caso se resolvió mediante la modalidad de juicio abreviado, un mecanismo que permite acelerar los tiempos de la Justicia cuando el acusado reconoce su responsabilidad en los hechos y acepta la pena propuesta.

La calificación legal fue por “lesiones leves agravadas por el vínculo”, dado que el agresor es el padre de la víctima, y se enmarcó en un contexto de violencia contra las infancias, considerando la asimetría de poder y la especial vulnerabilidad de la niña.

La prioridad: los derechos de la niñez

Desde la Fiscalía se remarcó que el objetivo de este tipo de fallos no es solo punitivo, sino también preventivo y ejemplificador: enviar un mensaje claro sobre la intolerancia del Estado frente al maltrato infantil.

La fiscal Rafaella Riccono destacó la necesidad de poner en el centro los derechos de las niñas y los niños, recordando que: Bajo ninguna circunstancia la violencia física puede ser utilizada como método de crianza o corrección.

Los niños y niñas son sujetos de derecho, y el Estado tiene la obligación de intervenir para garantizar su integridad física y emocional, promoviendo que crezcan en entornos libres de violencia y con adultos responsables y protectores.

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