El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, ratificó con firmeza la realización del plebiscito para eliminar los fueros de inmunidad en los tres poderes del Estado. La consulta popular será el 26 de octubre, en simultáneo con las elecciones generales, y plantea modificar la Constitución provincial para suprimir privilegios que hoy alcanzan a magistrados, funcionarios, legisladores y sindicalistas.
Torres definió la propuesta como “una reforma de fondo” y una respuesta a “la demanda social que exige que todos seamos iguales ante la ley”. Sin embargo, apuntó duramente contra el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH), juez Claudio Petris, a quien acusó de querer “prohibirle al pueblo votar” mediante presentaciones judiciales que cuestionan la constitucionalidad de la consulta.
“¿A qué le tiene miedo el juez Petris?”
En un discurso cargado de críticas, Torres calificó de “acción de gravedad institucional pocas veces vista” a los intentos de frenar el plebiscito. “Este juez pretende impedir que la ciudadanía vote una ley que fue debatida y aprobada democráticamente por la Legislatura”, señaló. Y fue más allá: “Se cree por encima de los chubutenses. Siempre me van a encontrar defendiendo el mandato popular”.
El mandatario sostuvo que la eliminación de los fueros no es un ataque, sino una señal de transparencia y compromiso con la igualdad: “Chubut puede ser la primera provincia del país sin fueros, donde no haya ciudadanos de primera ni de segunda”.
Respuesta de la Asociación: “No defendemos privilegios, defendemos garantías”
Desde la Asociación de Magistrados no tardaron en responder. En un comunicado, repudiaron las expresiones del Gobernador y defendieron el valor institucional de los fueros judiciales. “No representan privilegios, sino garantías esenciales para la independencia de jueces y fiscales”, señalaron.
Además, denunciaron prácticas políticas que sí constituyen privilegios reales, como “sobresueldos, viáticos desmedidos, pasajes, autos de alta gama y designaciones sin concurso”, y reclamaron mayor transparencia. “Resulta inaceptable que el Poder Judicial mantenga una partida de ‘gastos reservados’ que no están sujetos a control ciudadano”, remarcaron.
Y cierran en forma lapidaria el comunicado: “reivindicamos los valores de la República, la democracia y una justicia honesta, independiente y comprometida con la ética pública. La ciudadanía merece instituciones íntegras que no se arrodillen ante la corrupción, sino que la enfrenten con firmeza.”
El contrapunto entre el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial revela una disputa de fondo sobre la institucionalidad, la independencia y la rendición de cuentas. Mientras el Gobierno impulsa una reforma estructural con amplio respaldo legislativo, desde la Justicia alertan sobre los riesgos de debilitar las garantías democráticas.
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