El abogado Miguel Wisky, representante de la querella e integrante de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), definió el caso como “una locura de Estado” y señaló responsabilidades políticas por el operativo que terminó con la muerte de Tino John en mayo de 2021, en El Hoyo.
“Se le atribuye a Tino la locura, pero la locura fue de nuestros gobernantes. El Estado actuó de una manera brutal, sin sentido. Esto no debe volver a ocurrir”, expresó Wisky, recordando que el episodio ocurrió en medio de un clima de tensión social tras los incendios forestales que devastaron la comarca.
El abogado destacó además que el GEOP, grupo policial que intervino, ya tenía “antecedentes nefastos” y denunció que el procedimiento fue ordenado “por funcionarios que actuaron de manera retrógrada, sin protocolos ni criterio sanitario ni humano”.
El hijo de Tino, Donato John, habló con profunda emoción y pidió una sentencia ejemplar contra los tres imputados: “Fueron ocho minutos en los que pudieron elegir entre la vida y la muerte, y eligieron la muerte. No respetaron ningún protocolo”, expresó.
Donato señaló que el operativo se realizó en una chacra alejada de la zona urbana, sin riesgo para terceros, y sostuvo que “hubo tiempo y condiciones para evitar el desenlace fatal”.
“No pueden tapar el sol con la mano. Esperamos justicia no solo por mi viejo, sino por todos los ciudadanos de Chubut, porque nadie está lejos de que algo así vuelva a pasar”, afirmó.
Conmovida, Claudia Costa Basso, viuda de Tino John, recordó que este lunes se cumplen 4 años y 5 meses del hecho, y agradeció el acompañamiento de los abogados, la APDH y los medios que mantuvieron visible el reclamo: “Fue una carrera de obstáculos, de mediocridades y subestimación. Pero saltamos cada obstáculo gracias al compromiso de muchos”, expresó.
Claudia destacó la labor del fiscal Martín Robertson, quien llevó la causa a juicio, y diferenció su accionar del del exfiscal Carlos Díaz Meyer quien, según relató, demoró más de un año y medio en abrir la causa.
“No acepto la frase de que así es la justicia en este país. Para mí son asesinos. Los tres siguen en funciones, cobran sueldos y siguen armados”, subrayó.
Los imputados son:
- Luis Américo Mogiano, sargento del GEOP (autor del disparo).
- Omar Eduardo Martínez, comisario de El Hoyo.
- Cristian Alejandro Soto, jefe del GEOP.
Un pedido de justicia que trasciende el caso
Los representantes de la querella y la familia coincidieron en que el juicio debe marcar un precedente sobre el uso de la fuerza estatal y la responsabilidad institucional: “Esto no es solo por Tino. Es por todos los que pueden ser víctimas del abuso del Estado. Que este juicio sirva para que nunca más un operativo termine en una tragedia así”, concluyó Wisky.
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