Apinta en alerta: preocupación por el futuro laboral

El delegado de Apinta en Trevelin, Martín Honorato, expresó la profunda preocupación del sector ante el decreto presidencial que pone en riesgo la continuidad de organismos clave como el INTA, afectando tanto a sus trabajadores como a la producción agropecuaria nacional.

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«La situación realmente es desalentadora. Estamos desanimados«, expresó Honorato, quien acompañó desde la localidad a los compañeros de Apinta que viajaron a Buenos Aires para manifestarse frente al Congreso de la Nación junto a seccionales de todo el país.

La medida de fuerza, que incluyó paro y movilización a partir del mediodía del martes, tuvo una adhesión dispar en la región. «No estábamos seguros de que se fuera a tratar el decreto en esta sesión, y eso afectó la participación. Muchos compañeros cumplieron con sus compromisos laborales, pero igualmente apoyan la medida», explicó.

El dirigente gremial subrayó que, más allá del impacto inmediato, el decreto presidencial representa una «muerte anunciada» para el INTA, al dejarlo sin estructura ni recursos suficientes para cumplir su función a mediano y largo plazo. «En dos, tres o cuatro años, el INTA va a dejar de ser lo que era», lamentó.

Desde Apinta y otros gremios se vienen impulsando acciones judiciales, como amparos, y se trabaja en buscar respaldo político de legisladores nacionales para revertir el decreto. Mientras tanto, los trabajadores intentan seguir aportando al sistema productivo, aunque con gran incertidumbre sobre el futuro.

En Trevelin, el INTA cuenta con tres trabajadores en la agencia local, más personal vinculado a convenios con otras instituciones. Además, en el campo experimental de Aldea Escolar, se sigue adelante con actividades productivas y de capacitación. «Hoy mismo hay una jornada en curso. No bajamos los brazos, seguimos trabajando y adaptándonos, pero la amenaza es real», expresó Honorato.

El impacto de las medidas también alcanza a la infraestructura del organismo. En El Hoyo, por ejemplo, ya se ordenó el desalojo del edificio alquilado, quedando en riesgo la continuidad de una oficina clave para la región.

La preocupación no se limita al ámbito gremial. Productores, técnicos y comunidades rurales también se ven afectados por un proceso que amenaza con desmantelar décadas de trabajo territorial del INTA.

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