Este miércoles 3 de diciembre comenzó en Lago Puelo un nuevo juicio por jurados, donde un equipo de doce ciudadanos tendrá la responsabilidad de definir la culpabilidad o inocencia del médico Fabián Esteban Díaz, acusado de abuso sexual contra una paciente durante una consulta médica.
La Fiscalía, representada por el Fiscal General Carlos Díaz Mayer, buscará demostrar que el profesional aprovechó la relación de confianza, la privacidad del consultorio y una maniobra física de inmovilización para impedir que la mujer pudiera defenderse.
La defensa, por su parte, sostiene que la acusación es falsa.
De la consulta médica a un ataque inesperado
El hecho investigado ocurrió el 13 de julio de 2018, cuando la víctima acudió al consultorio para tratar un desgarro en un gemelo. Tras una primera revisión, el médico le indicó volver al día siguiente para realizar un supuesto drenaje linfático con botas especiales y ventosas, presentándose como especialista en flebología además de ecografista.
Según la teoría fiscal, una vez recostada la paciente en la camilla, el profesional desvió el propósito médico de la cita y comenzó a realizar tocamientos inapropiados que excedían cualquier procedimiento profesional.
El punto central de la acusación es la violencia física: se intentará probar que el imputado le quitó la ropa y utilizó su propio cuerpo para inmovilizarla, dejándola prácticamente sin capacidad de reacción.
“Acá nos conocemos todos”
Durante la apertura, la Fiscalía describió uno de los momentos más intimidantes del episodio. La víctima relató que, mientras intentaba zafarse, el médico le habría dicho: “Te quedás quietita y calladita la boca, que acá nos conocemos todos. No se te ocurra hacer quilombo”.
Pericias, estrés postraumático y perspectiva de género
Para contrarrestar la postura defensiva, que niega completamente los hechos, el Ministerio Público Fiscal presentará pericias psicológicas que dan cuenta de síntomas de estrés postraumático compatibles con un evento traumático, efectos que la mujer arrastra hasta hoy.
La causa se aborda bajo perspectiva de género, ya que la Fiscalía considera que existió una relación desigual de poder: el acusado habría usado su fuerza física, su autoridad médica y el aislamiento del consultorio para vulnerar a una paciente que había acudido allí buscando atención de salud.
Tras los alegatos iniciales, comenzó la producción de la prueba, instancia clave para que el jurado pueda evaluar los hechos y llegar al veredicto.
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